El Gobierno objetó el proyecto de ley que busca definir una remuneración para los miembros de las juntas administradoras locales (JAL), tras considerarlo inconveniente e inconstitucional. La iniciativa aprobada por el Congreso establece la remuneración obligatoria para los miembros de las JAL de poblaciones superiores a 100 mil habitantes y en el caso de poblaciones más pequeñas asigna a los alcaldes y concejales la facultad de establecer sus honorarios. Entre otras razones, dice Presidencia que se vulneran los artículos 287 y 362 de la Constitución, pues se desconoce el derecho que tienen las entidades territoriales para administrar sus recursos, particularmente sus ingresos tributarios y no tributarios.