La Superintendencia de Puertos y Transporte dio inicio a un proceso administrativo contra Uber Colombia SAS con el fin de verificar si ha incumplido la orden impartida previamente por la entidad para “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole (individual o masiva)”. Presuntamente, la sociedad habría ejecutado actividades en las cuales facilita la prestación de servicios no autorizados, incluyendo publicidad, asesoría, afiliaciones de vehículos no homologados para transporte público, entre otros. En caso de que la investigada no acredite el estricto cumplimiento de la orden, la superintendencia podrá imponer multas sucesivas hasta de 500 smlmv mientras permanezca en rebeldía.