Por considerar que contradice la Constitución, se pidió la inexequibilidad de la expresión “sino para garantizar la seguridad y la salubridad pública”, consagrada en el artículo 99 del Decreto 1355 de 1970. Esta disposición prohíbe que mediante reglamentos de tránsito terrestre se establezcan límites a la libertad de locomoción. En opinión del ciudadano, la competencia dada a autoridades públicas administrativas diferentes al Congreso de la República no se ajusta al mandato establecido en los artículos 24 y 150 de la Carta Política (Demandante: Edgar Alain Olaya Díaz).