En último debate será discutido el proyecto que busca regular el derecho de petición. Allí se establecen las responsabilidades de cada entidad en la materia, los plazos de contestación y los alcances de esta garantía. La propuesta indica que, en términos generales, el plazo máximo de respuesta será de 15 días posteriores a su recepción, so pena de la imposición de sanciones disciplinarias. En caso de solicitud de documentos, los términos serán de 10 días, y de tres si no se le especifica al peticionario cuánto tardará su solicitud. Las consultas sobre las funciones de cada organismo deberán resolverse en 30 días, aunque el requerido tiene la posibilidad de extender el tiempo, informándolo a los ciudadanos dentro de los plazos que fija la ley.