La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de examinar la exequibilidad de los artículos 1, 45, 46, 50, 51, 58 y 62 del Decreto-Ley 1042 de 1978, que establece la clasificación y condiciones para ciertas plazas en entidades gubernamentales o adscritas al Ejecutivo. Ello porque considera que el Presidente de la República, al establecer nomenclatura y escalas de remuneración de cargos del orden nacional actuaba dentro de las facultades extraordinarias que entonces le fueron conferidas por la Ley 5ª de 1978 y porque no podía fijar en la disposición bajo examen el régimen salarial de los servidores públicos de las entidades territoriales. Para el Ministerio Público, es equivocado el alcance que el actor le da a la capacidad de actuación del Ejecutivo en estas circunstancias. El magistrado ponente en este proceso es Luis Ernesto Vargas Silva).