Una demanda de inconstitucionalidad se interpuso en contra de la expresión “o rural”, contenida en el artículo 2º de la Ley 1469 del 2011, que adoptó medidas para promover la oferta del suelo urbanizable. De acuerdo con el actor, esta disposición, que determina la localización de los macroproyectos de interés social nacional en suelos de expansión rural, vulnera la protección de las riquezas naturales de la Nación por parte del Estado, la producción alimentaria y la participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectar el medio ambiente, toda vez que, a su juicio, dichos terrenos no son aptos para el uso urbano (demandante: Rafael Ernesto Ferrer Padrón).