Una demanda recientemente admitida ataca la constitucionalidad de los incisos 3º y 4º del artículo 42 de la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Ambiente. Las normas censuradas establecen las tasas retributivas y compensatorias por las consecuencias nocivas que generan actividades relacionadas con la utilización de la atmósfera, agua y el suelo, para introducir o arrojar desecho agrícolas, mineros o industriales, humos, vapores, etc. En opinión del demandante, se viola el principio de legalidad, pues solo la ley, las ordenanzas o los acuerdos municipales o distritales pueden fijar las bases gravables de los tributos (demandante: Álvaro Janner Gélvez Cáceres).