Radican proyecto de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la indígena

El Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura presentaron ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca armonizar la justicia indígena con la justicia ordinaria, cumpliendo un mandato de la Constitución Política que ha estado pendiente durante 33 años.

El proyecto de coordinación interjurisdiccional establece las bases para reglamentar el artículo 246 de la Constitución, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser juzgados por sus propias autoridades y bajo sus propias normas, en consonancia con su cultura y tradiciones. Hasta ahora, la falta de una reglamentación clara ha generado vacíos normativos que dificultan el acceso a la justicia para las comunidades indígenas, pero la propuesta busca un avance significativo en la protección de sus derechos y en el respeto de sus sistemas de justicia. (Lea: Radican en el Congreso el ‘gran acuerdo nacional por la educación superior’)

Además, no solo refuerza la autonomía de la jurisdicción indígena, sino que también incorpora medidas para garantizar la protección de los derechos de las mujeres dentro de estas comunidades. Se prevén compromisos de debida diligencia tanto para la jurisdicción especial indígena como para la justicia ordinaria, con el fin de evitar prácticas que puedan lesionar los derechos de las mujeres. Este enfoque integral busca garantizar que los sistemas de justicia respeten los derechos fundamentales de todos los miembros de las comunidades indígenas.

Un aspecto clave de la iniciativa es la creación de herramientas de traducción, como auxiliares de justicia, que servirán de puente entre los sistemas judiciales indígena y ordinario. Según la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, estos mecanismos facilitarán la comunicación entre ambas jurisdicciones, contribuyendo a una mayor comprensión y respeto mutuo. Esta coordinación interjurisdiccional es esencial para garantizar una justicia inclusiva y efectiva para las comunidades indígenas.

Por su parte, el comisionado indígena de la COCOIN, Nelson Cucuñame, destacó la importancia de que la jurisdicción especial indígena abarque no solo delitos menores, sino también asuntos transnacionales, y señaló que el acceso a la justicia debe ser un derecho público ejercido con responsabilidad. A su vez, hizo un llamado a ampliar la protección de los recursos universales, como el agua y el territorio, sumando a campesinos y sectores populares en este esfuerzo.

Este proyecto es el resultado de un proceso participativo entre diversas entidades del sector justicia, la Rama Judicial y las organizaciones indígenas, dentro del marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN). El proyecto fue protocolizado en junio durante la mesa permanente de concertación indígena, marcando un hito en la construcción de un marco legal que promueve la autodeterminación de los pueblos indígenas y la coexistencia armónica de los diferentes sistemas jurídicos en Colombia.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, con los datos identificadores y documentos sin límite.

Paute en Ámbito Jurídico

Siga nuestro canal en WhatsApp.