Durante la sexta sesión plenaria de la denominada Comisión de expertos para la reforma a la justicia, se socializó un borrador de proyecto de ley que tiene como propósito erradicar las violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas LGBTIQ+.

Se trata de una de las tres iniciativas que serán priorizadas por el Gobierno en su presentación al Congreso de la República, el próximo 20 de julio, las otras dos se refieren a humanización carcelaria y reforma al sistema penal acusatorio.

Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, presentó los ajustes hechos al anteproyecto y resaltó siete enfoques:

1. Enfoque restaurativo: no aumenta penas ni crea nuevos delitos ni elimina las restricciones actuales, amplía la restauración y reparación por estas violencias.
2. Derecho penal centrado en las víctimas: evita la revictimización y el uso de estereotipos para mejorar la valoración probatoria en casos de violencia de género y por prejuicio.
3. Enfoque preventivo: para detener a tiempo las violencias, amplía medidas de protección a personas LGBTIQ+ y más allá del ámbito familiar, incluyendo contextos laborales, y fortalece las acciones judiciales para decretarlas.
4. Enfoque interseccional: aborda violencias específicas contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas racializadas y con discapacidad.
5. Justicia multidisciplinaria: involucra especialidades más allá de lo penal, como civil, familia, laboral y disciplinaria, que se podrán tramitar en un mismo proceso, reduciendo la congestión.
6. Combinación de transversalización y especialización: permite que todo el sistema de justicia garantice los derechos de las víctimas de violencias de género y por prejuicio, y que se creen procedimientos y mecanismos especializados para ello.

7. Costos de violencias basadas en género y por prejuicio: subraya el alto costo humano, social y para el desarrollo del país de violencias que son frecuentes y afectan a gran parte de la población, por lo cual hay necesidad de una inversión en medidas preventivas, restaurativas y de respuesta ágil. (Lea:  Justicia para cada feminicidio)

Se plantean pautas para el fortalecimiento de la investigación, la práctica y valoración probatoria en casos de violencias de género y por prejuicio, y la creación de un procedimiento de salvaguarda, de carácter preferente y sumario, a través del cual las víctimas podrán solicitar medidas de protección inmediatas ante cualquier juez.

La reunión fue la oportunidad para escuchar a la recién nombrada ministra Ángela María Buitrago, “he sido invitada a varias de las reuniones y he leído con atención todos estos proyectos. Y sobre estos he hecho algunas anotaciones porque la construcción colectiva es un elemento que permite generar un acercamiento en la sociedad. Para mí siempre ha sido importante el sector justicia. Es un momento complejo, pero, de todos modos, el ministerio ha ido avanzando en varios aspectos fundamentales”, dijo.

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