Con la denominada Ley Pepe Sánchez se adiciona la Ley 23 de 1982 y se establece una presunción legal respecto de los derechos patrimoniales de los autores sobre sus obras, salvo estipulación en contrario a favor del productor. A pesar de la presunción de cesión de derechos del artículo 95, los autores conservarán en todo caso el derecho a recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público que se haga de la obra audiovisual, que será pagada directamente por quien realice dicha promoción. En ejercicio de este derecho, los autores no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial de la obra cinematográfica por parte del productor.