Así lo pone en evidencia un fallo del Consejo Superior de la Judicatura en el cual se absuelve a una abogada que había sido sancionada en virtud de una queja que la sindicaba de exigir dineros para obtener la detención domiciliaria de su cliente, a través de pagos a funcionarios judiciales. En primera instancia, la procesada había sido declarada responsable de no expresar su franca opinión al poderdante sobre el asunto al que se le convoca; de garantizarle que, de ser contratada, obtendría éxito y de exigir dinero para gastos ilícitos (literales a) y b) del artículo 34 y numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 del 2007). La Sala revocó la decisión sancionatoria del Seccional, al considerar que los recursos que presentó la investigada para obtener el beneficio para su cliente y la forma como intervino ante las autoridades judiciales responsables de la decisión demuestran que actuó conforme con lo que se comprometió y que no hay prueba que acredite que la suma que recibió estuviere destinada al ofrecimiento de dádivas a funcionarios (M. P. Julia Emma Garzón).