Multa millonaria a cartel de subastas inmobiliarias que operaba en la Central de Inversiones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa por más de $ 3.800 millones a seis empresas y 10 personas naturales tras comprobar la conformación de un cartel para defraudar la libre competencia en varios procesos de subastas públicas adelantadas por la sociedad de economía mixta Central de Inversiones (CISA).

Las entidades y personas a las que se les logró comprobar la comisión de dicho delito, ejecutado según la SIC entre 2016 y 2018, deberán pagar las siguientes multas:

Así mismo, se sancionó a FSG por haber adelantado una conducta anticompetitiva a través de su representante legal, quien de manera ilegítima accedió a información privilegiada y confidencial de los procesos de subasta, obteniendo una ventaja competitiva sobre los demás proponentes.

Las pruebas

De acuerdo con la SIC, dicho proceso se inicia tras encontrar información sobre la posible existencia de conductas anticompetitivas por parte de las personas que participaban en los procesos de contratación adelantados por CISA, por lo que la Delegatura para la protección de la competencia realizó una actuación preliminar que permitió concluir una violación al régimen de libre competencia económica por parte de diferentes empresas, en una serie de procesos de subasta de bienes muebles adelantados por CISA entre el 2016 y el 2018.

La investigación arrojó que FSG, HDL, Jairo Alfonso Acuña Beltrán, Gabriel Roberto Cetina Castro y Yenny Johan Pérez López materializaron una serie de acuerdos anticompetitivos, con el fin de eliminar la presión competitiva en un número de procesos de subasta, garantizando así la adjudicación de bienes al menor valor posible, acuerdos que fueron posibles, ya que el representante legal de FSG obtuvo información privilegiada por parte de funcionarios vinculados directa o indirectamente a CISA, lo que le permitió ponerse en contacto con sus competidores y coordinar su participación en los diferentes procesos de subasta.

Con esto no solo se afectó la libre competencia económica, sino también los principios de igualdad y de selección objetiva propios de la contratación estatal, que buscan garantizar que las entidades contratantes obtengan el mejor valor posible.