El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, dio su visto bueno para la intervención de la empresa Aire-E, operadora del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Esta intervención se da en respuesta a la grave crisis financiera que enfrenta la compañía, con deudas que ascienden a más de $ 1,8 billones. Ante esta situación, Aire-E solicitó la intervención estatal para evitar una posible suspensión del servicio, buscando garantizar la continuidad del suministro eléctrico en la región.

Durante un debate en la Comisión Sexta del Senado, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, afirmó que la intervención es necesaria para asegurar el bienestar de los usuarios. Destacó que el Gobierno no permitirá que el mercado siga perjudicando los derechos de las personas, ya que la prestación de un servicio eléctrico eficiente es una responsabilidad estatal. El ministro subrayó que el concepto favorable de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) es una muestra del compromiso del Gobierno por garantizar un servicio ininterrumpido. (Lea: Gobierno insiste en transformar el modelo de energía eléctrica)

Además, Camacho explicó que, aunque se han tomado medidas regulatorias en los últimos años, estas han sido insuficientes para solucionar la crisis tarifaria en la costa Atlántica. La regulación existente ha favorecido intereses particulares, dificultando la reducción de las tarifas, lo que ha generado conflictos entre las empresas generadoras y comercializadoras de energía. En este contexto, el ministro solicitó al Congreso que apoye las decisiones del Gobierno para garantizar una respuesta efectiva y proteger los derechos de los usuarios.

Finalmente, enfatizó que esta intervención representa un paso decisivo hacia la transformación del mercado energético, que ha estado dominado por estructuras monopólicas que afectan tanto a la población como a otras empresas.

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