La Corte Constitucional admitió una demanda contra el inciso 2º y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1539 del 2012, que implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y la tenencia de armas de fuego.

A juicio de la demandante, imponer la obligación de renovar cada año este certificado a personas vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada es desproporcionado e irrazonable y vulnera los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral.

Además, sostiene que la disposición según la cual las administradoras de riesgos laborales (ARL) financiarán la expedición de dicho certificado con recursos del sistema de riesgos laborales, y otra que señala que este certificado se financiará con recursos propios de las ARL, son contrarias a la Constitución.

En su opinión, cargarles a las administradoras de riesgos laborales la obligación de expedir dicho certificado sin costo alguno vulnera la reserva de ley de la configuración del sistema de seguridad social, el principio de proporcionalidad y el equilibrio financiero del sistema.

Finalmente, sostiene que es obligación de los patronos o empleadores realizar los exámenes médicos a sus trabajadores. Es decir que, si bien estos exámenes hacen parte del sistema de seguridad en riesgos profesionales, no se financian con recursos del sistema de seguridad social, sino con recursos de los empleadores.

(Corte Constitucional, Demanda D-9462, nov. 30/12, Demandante: Clara Inés Vargas Hernández)