La Asamblea Nacional francesa  aprobó  de forma masiva, por 438 votos a favor frente a 86 en contra, una nueva ley que legaliza prácticas de espionaje nacional e internacional. 

El objetivo estratégico de la nueva norma es la luchar contra el terrorismo, dentro y fuera del territorio nacional. Sin embargo, los nuevos métodos de vigilancia y espionaje, individuales y masivos, tendrán otros objetivos prioritarios.

De esta manera,  la vigilancia estará justificada con métodos excepcionales cuando el Estado lo considere oportuno para defender la integridad del territorio nacional y su defensa;  los intereses mayores de  la diplomacia; la prevención de atentados contra las instituciones y  las amenazas de la criminalidad y la delincuencia organizada.

Una de las medidas más sensibles de la ley permitiría a los servicios de inteligencia reunir información de comunicaciones digitales que luego quedaría sujeta a análisis para investigar posibles comportamientos sospechosos.

La ley también permite el uso de sistemas denominados Imsi Catcher, mediante los cuales los organismos de inteligencia podrán captar y registrar todos los datos de teléfonos u ordenadores de sospechosos, pero también de toda persona que se encuentre en varios centenares de metros a la redonda.

La instalación de cajas negras de seguimiento en automóviles, la colocación de micrófonos en lugares privados o, en caso de que se considere necesario, la entrada en domicilios, también estará permitida con una autorización administrativa, sin intervención de los jueces.

Adicionalmente, el texto permite  que las cuentas en internet de una persona sean investigadas si el individuo en cuestión consulta ciertas páginas web vinculadas con posibles actividades terroristas.

Igualmente, las solicitudes para realizar esas prácticas podrán ser solicitadas ante los ministerios de Defensa, Interior, Economía y Justicia. También,  se enviarán a una denominada Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información, conformada por dos diputados, dos senadores, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto informático.

En casos urgentes, los organismos de inteligencia podrán actuar de inmediato y comunicar después su acción. Las posibles  denuncias de ciudadanos que se sientan espiados serán analizadas por esa comisión o por el Consejo de Estado, no por la justicia ordinaria.

La ley crea también un fichero en el que, durante 20 años, figurarán los condenados o imputados por terrorismo.

La Comisión Nacional de Informática y Libertades, un organismo independiente destinado a salvaguardar la vida privada en la red, sindicatos de jueces, empresas operadoras de internet y asociaciones de defensa de derechos humanos criticaron la nueva ley.

En respuesta a las críticas,  el presidente francés Francois Hollande anunció que cuando la ley termine su trámite parlamentario y sea aprobada por las dos cámaras  presentará la norma al  Tribunal Constitucional para que decida sobre su constitucionalidad.

(Con información de El País y abc.es )