Ante la Corte Constitucional, se radicó una demanda en contra de los artículos 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley Antitrámites (Decreto-Ley 019 del 2012), que regulan la inspección y vigilancia de los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), el régimen de transición para los actuales operadores y otras facultades a cargo de la Superintendencia Financiera.

En opinión del demandante, las normas atacadas imponen nuevos trámites, requisitos y procedimientos a los operadores de información, lo que contradice el fin del decreto y evidencia una clara extralimitación de las facultades concedidas al Presidente de la República.

“Lo que resulta más grave aún, y groseramente contrario a la Constitución, es que no solo impone a eventuales nuevos operadores de información de la Superintendencia Financiera, sino también a los operadores de información actuales, quienes deben cumplir un nuevo trámite, so pena de no poder continuar con sus actividades”, señala la demanda.

Según el documento, si ese era el querer del Gobierno, ha debido presentar un proyecto de ley, pero no utilizar el pretexto de eliminar o reformar un trámite, cuando lo que está haciendo es crear varios trámites nuevos.

(Corte Constitucional, Demanda D-9223, sep. 5/12, Demandante: Camilo Ernesto Jaimes Poveda)