La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto Ley 3565 del 2011, en los que se modifican las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CAR). El Presidente de la República excedió la autorización dada en la Ley 1444 del 2011, que le otorgó facultades para reestructurar el Estado. Según el alto tribunal, esta potestad no incluía la autorización para trasladar funciones del Minambiente a las CAR, ampliar o modificar los periodos personales e institucionales de estas instituciones y extender los planes de acción de las mismas. Frente al traslado de la función referente a la evaluación, seguimiento y control de factores de riesgo ecológico, se indicó que esta no guardaba relación con el propósito de la ley de facultades. Además, el legislador limitaba de forma explícita la modificación de funciones. Los magistrados Adriana María Guillén, Gabriel Eduardo Mendoza y Humberto Antonio Sierra anunciaron la presentación de un salvamento de voto (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).