Hasta $20 millones de recompensa entregará el Gobierno por información sobre compra de votos
Según el artículo 390 del Código Penal, quien pague o entregue dinero para beneficiar a un determinado candidato podría afrontar hasta ocho años de cárcel.
26 de Octubre de 2023
En aras de promover la transparencia de las elecciones territoriales de este domingo 29 de octubre, el Gobierno Nacional ofrecerá recompensas para que la ciudadanía denuncie ante las autoridades posibles hechos de compra y venta de votos.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, manifestó que las autoridades están atentas para la recepción de las denuncias. Además, advirtió que, para proceder con este proceso de entrega de recompensas, la información tiene que ser veraz y eficaz para proceder en las sanciones correspondientes y así combatir la corrupción y el fraude electoral.
Para llevar a cabo este propósito, la Policía Nacional, en acciones coordinadas con la Fiscalía General de la Nación, adelantan labores de policía judicial tras recibir denuncias por eventuales delitos de corrupción al sufragante. Los recursos destinados para el pago de estas recompensas provienen del Ministerio de Defensa, según la Directiva 02 del 2019 y de la ley de extinción de dominio. (Lea: La Registraduría habilita puntos presenciales de información para las elecciones territoriales del 2023).
En este sentido, el presidente Petro dispuso recompensas para las personas que con su información permitan la identificación y posterior captura de quienes estén comprando o vendiendo votos. Esta conducta, de acuerdo con el artículo 390 del Código Penal, para quien pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular con el propósito de sufragar por un determinado candidato, le significará prisión de cuatro a ocho años.
Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, señaló que, en conjunto con las capacidades de la Policía Nacional, el Estado colombiano está listo para enfrentar la posibilidad de constreñimiento al sufragante y corrupción que se genera, según el alto funcionario, en algunos certámenes electorales de algunas regiones del país.
“Esta es una práctica que tenemos que desterrar del país, que no puede continuar, que ofrece para nosotros una especial atención. En caso de que la información suministrada permita la ubicación de los inmuebles destinados a la compra de votos, el pago de información podrá ser hasta por 20 millones de pesos”, indicó el ministro Velásquez.
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