La Superintendencia de Puertos y Transporte recordó las sanciones que, de acuerdo con las normas vigentes, pueden imponerse como consecuencia de la alteración o suspensión a la prestación del servicio público de transporte terrestre de carga, que consisten en multas hasta de 700 salarios míni­mos mensuales vigentes a las empresas, propietarios, tenedores, conductores y a quienes faciliten o promuevan tal situación, o la cancelación de la habilitación. De igual manera, la superintendencia manifestó que inició los controles pertinentes para garantizar el cumplimiento de las normas legales antes descritas y la prestación del servicio público, por ser un servicio esencial.