El Gobierno anunció la objeción al proyecto de ley que pretende eliminar el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios, por considerar que esta reforma a la Ley 142 de 1994 es inconstitucional, ya que vulnera el principio de solidaridad y es un factor de inequidad  contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones. De igual forma, se indicó que la iniciativa va en contra del artículo 367 de la Constitución, ya que “excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos”. También advirtió que dado que se trata de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio tiene que ser asumido por una de las partes que conforman el sistema, ya sean los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado. En cuanto a las objeciones por inconveniencia, el Ejecutivo sostuvo que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión, pues es una carga para el fisco nacional.