Gobierno aclara reducción de presencia policial en estadios

En los últimos días, diversas informaciones han circulado sobre la reducción de la presencia policial en los estadios de fútbol del país, generando preguntas sobre si esta medida fue una decisión unilateral del Gobierno.

No obstante, el Ministerio del Interior aclaró que esta reducción fue una medida concertada y fundamentada en el cumplimiento de la Sentencia C-128/18 de la Corte Constitucional. Dicho fallo establece la necesidad de optimizar los recursos en eventos masivos y otorga a los organizadores de espectáculos privados la responsabilidad de garantizar la seguridad dentro de estos eventos.

El comunicado emitido por el ministerio detalla que la medida fue discutida ampliamente en varias reuniones, incluidas las sesiones de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. En este espacio participaron la Policía Nacional, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, quienes analizaron la viabilidad de la propuesta. Además, se llevaron a cabo cinco comisiones técnicas entre octubre y diciembre del 2024, en las que también estuvieron presentes representantes de clubes de fútbol y otros actores clave del sector. (Lea: La cancha laboral: una mirada jurídica al fútbol)

A partir del 2024, la estrategia contempla una reducción gradual de la presencia policial en los estadios. En 2024, la disminución será del 45 %, para llegar al 60 % en 2025, al 70 % en 2026 y al 80 % en 2027. Durante este proceso, las empresas de seguridad privada asumirán la responsabilidad de garantizar la seguridad dentro de los estadios. Las empresas de vigilancia contarán con el apoyo de tecnologías avanzadas, como detectores de metales, mientras que la Policía Nacional se encargará del registro externo de las personas y de intervenir en casos que requieran mantener el orden público fuera de los recintos deportivos.

El objetivo de esta medida es permitir que la Policía Nacional concentre sus esfuerzos en la seguridad y convivencia ciudadana en todo el país. La reducción en los estadios no implicará una merma en la capacidad del Estado para enfrentar situaciones de seguridad a nivel nacional, sino que permitirá que los recursos se destinen a tareas preventivas y de control en el ámbito urbano y rural, priorizando la lucha contra el crimen y la violencia. De este modo, el enfoque se trasladará hacia la seguridad de los ciudadanos fuera de los estadios.

La implementación de esta estrategia también contempla un rol más activo de las empresas privadas en la logística y el manejo de los estadios. Las empresas de logística serán responsables de la acomodación de los asistentes, mientras que las de seguridad se encargarán de velar por el orden dentro del recinto.

Así pues, la Policía solo intervendrá en aquellos casos en los que sea necesario mantener el control del orden público, como disturbios o alteraciones graves durante los partidos.   

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