Contraloría señala fallas en obras de infraestructura que afectan calidad de vida de los ciudadanos

La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), emitió alertas sobre el estado de diversas obras de infraestructura en Colombia. Estas fallas afectan sectores clave como agua potable, saneamiento básico y transporte, comprometiendo la conectividad y el acceso a servicios básicos para miles de colombianos. Desde abril del 2020, se han emitido 1.647 alertas, vinculadas a recursos por $ 71.8 billones. En 2024, 287 alertas específicas, por $ 6.2 billones, señalan problemas en infraestructura vial, vivienda y sistemas de acueductos.

El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, diseñado para intervenir más de 33.000 kilómetros de vías rurales, refleja importantes atrasos. Hasta octubre del 2024, de los 2.157 convenios firmados, solo 728 han sido terminados, mientras 1.124 aún no han iniciado ejecución. Entre los problemas destacan avances físicos mínimos, ampliación de plazos de ejecución y dificultades en supervisión debido a recursos insuficientes. Boyacá, Atlántico y Bolívar lideran en suspensiones, afectando directamente la conectividad rural y encareciendo las obras. (Lea: Contraloría advierte sobre riesgos en megaproyecto del Canal del Dique)

En el sector de agua potable y saneamiento básico, con una inversión acumulada de $ 10,9 billones, más del 64 % de los proyectos han requerido reformulación debido a fallas en los estudios iniciales. Esto ha generado incrementos del 28 % en los costos y retrasos de hasta cinco años. Además, proyectos como los acueductos de Acandí y Río Quito permanecen detenidos desde 2018. Las inconsistencias en la planeación y normativa han llevado a que 173 proyectos críticos, representando $ 2,9 billones, se encuentren en riesgo.

El inventario de puentes en Colombia incluye más de 200 estructuras en estado crítico o extremo. A pesar de que el Invias ha destinado $ 42 mil millones para intervenciones, solo alcanzará a cubrir 10 de ellos. Más del 30 % de los puentes carecen de pólizas de seguro, exacerbando los riesgos de seguridad y mantenimiento. Antioquia, Valle del Cauca y Magdalena figuran como los departamentos más afectados. La Contraloría ha solicitado acciones inmediatas para preservar la seguridad vial y la conectividad regional.

El Decreto 050 del 2023, que congeló las tarifas de peajes, impactó negativamente las finanzas públicas y los proyectos de concesión vial. En 2023, esta medida generó una obligación de $ 610.000 millones para compensar a los concesionarios, cifra que podría aumentar si no se ajustan las tarifas del 2023 y 2024. Además, los contratos de iniciativa privada, que dependen exclusivamente del recaudo de peajes, corren riesgo de terminación anticipada, lo que obligaría al Estado a asumir los costos de obras inconclusas.

En este sentido, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno nacional para fortalecer la planeación y supervisión de las obras, asignar recursos adecuados y ajustar las políticas tarifarias de peajes. Estas medidas son esenciales para garantizar la continuidad de los proyectos, minimizar los riesgos y evitar mayores impactos económicos y sociales.

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