La norma que permite contratar con entidades particulares la prestación del servicio educativo cuando exista insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas oficiales es, a juicio de la Procuraduría, progresiva, pues garantiza el acceso a la educación de aquellas personas que están al margen del sistema. Así lo señaló el Ministerio Público al pedirle a la Corte Constitucional que se inhiba de pronunciarse de fondo en una demanda contra el artículo 1º de la Ley 1294 del 2009, que establece dicha posibilidad.