El articulado que aprobó el Senado de la República el pasado 2 de diciembre es la base de la prórroga, por cuatro años más, de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público (prorrogada y modificada también por las leyes 548/99, 782/02, 1106/06 y 1421/10). En la plenaria de esta corporación se hicieron dos modificaciones a los artículos 2° y 3°. Uno de ellos trata la homologación de la práctica profesional por el servicio militar obligatorio, cuando los jóvenes resuelvan su situación militar luego de realizar estudios de educación superior. Por su parte, el parágrafo del artículo 3° es sobre la responsabilidad penal o disciplinaria de los negociadores de paz, y en él se definió que la defensa del negociador investigado podrá solicitar la terminación del proceso a través de la preclusión u otro mecanismo cuando se demuestre que las actuaciones por las que está siendo investigado se cometieron en cualquier etapa del proceso de paz.