El consejero Guillermo Vargas Ayala le propuso a la Sala Plena del Consejo de Estado mantener la suspensión provisional de la destitución e inhabilidad de 15 años que le impuso la Procuraduría al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Para el jurista, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le negó la acción de amparo al burgomaestre desconoció el mandato del artículo 29 de la Constitución, que obliga a las autoridades a aplicar el debido proceso a los administrados. A su vez, considera demostradas las irregularidades en la sustanciación de la actuación disciplinaria, en asocio con el derecho al sufragio pasivo. El amparo se concedería, de aprobarse esta ponencia, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y estaría condicionado a que el actor haga uso de los medios de control ordinario disponibles. Al cierre de esta edición, el pleno del Consejo de Estado continuaba reunido discutiendo sobre el tema (M. P. Guillermo Vargas).