La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró inexequible una expresión del artículo 3° del Decreto-Ley 268 del 2000, que clasificó el cargo de director como de libre nombramiento y remoción en la Contraloría General de la República. De acuerdo con el fallo, si bien a ese empleo se le asignó la calidad de directivo, sus funciones no implican la definición de políticas públicas ni requieren confianza especial y, por el contrario, se refieren a actividades de gestión administrativa en la entidad. Así las cosas, no hay razones suficientes para que la provisión de este cargo se haga de forma discrecional y no a través de un concurso de méritos que asegure que ciudadanos calificados desempeñen tal empleo, concluyó. El magistrado Nilson Pinilla salvó parcialmente el voto y Mauricio González lo aclaró (M.P. María Victoria Calle).