El Gobierno objetó, por razones de inconstitucionalidad e incon­veniencia, el proyecto de ley que dictaba el Código disciplinario profesional del administrador ambiental, presentado al Congreso por iniciativa parlamentaria. A juicio de Ejecutivo, la iniciativa regularía prohibiciones a los administradores ambientales respecto de sus colegas y demás profesionales, explicando que esto constituye una restricción ilegítima de la libertad de competencia, reconocida constitucionalmente en el artículo 333. Así mismo, indicó que el legislador solo puede imponer restricciones a la libertad de ofrecer los servicios de dicha profesión cuando estas fueran indispensables para evitar prácticas atentatorias del interés público o cuando las mismas fueran necesarias para echar abajo barreras que impidan la libre oferta de esos servicios. En cuanto a la razones de inconveniencia, precisó que el literal d) del artículo 9º del proyecto, que hace referencia a los deberes de los administradores ambientales para con sus clientes y el público, impide, según Presidencia, determinar el alcance de la norma, lo que hace inconveniente que se apruebe tal como está. Por último, en vista de que la devolución del expediente constituye una nueva oportunidad para revisar el texto desde un punto de vista meramente formal, el Gobierno señaló algunos errores ortotipográficos y de numeración, con el fin de que se corrijan en la versión final que se presente para sanción.