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Actualizado hace 1 hour | ISSN: 2805-6396

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Esta es la política pública para habitantes de la calle 2022 - 2031

27 de Julio de 2022

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Nota:
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Con el Decreto 1285 quedó establecida la política pública social para habitantes de la calle 2022 - 2031, la cual tiene como objetivo garantizar la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de esta población, garantizando su atención integral, rehabilitación e inclusión social.

 

La política, que será financiada con recursos propios de las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, se ejecutará bajo tres ejes principales de acción.

 

El primero de ellos está enfocado a la “prevención de la habitanza en calle”, para lo cual agruparán acciones intersectoriales e interinstitucionales para evitar que la población en riesgo de calle concrete este estilo de vida. En el caso de la población con pertenencia étnica, las acciones de prevención deben contemplar este factor de identidad para responder adecuadamente en el marco de su cultura y necesidades específicas, y articular la institucionalidad desde esa perspectiva, y desde los enfoques diferencial e interseccional.

 

Así mismo, en los casos de la población indígena y víctima del conflicto, ubicada en territorios urbanos y rurales distintos a sus territorios de origen, ejerciendo la mendicidad y con consumo problemático de sustancias sicoactivas no tradicionales de su cultura, es una de las situaciones de riesgo que ilustran la obligación de realizar acciones de prevención de manera priorizada.

 

El segundo eje hace referencia a la atención para el restablecimiento de derechos e inclusión social, las acciones descritas en este tienen como finalidad que las personas habitantes de la calle logren superar su situación, motivarlos para la superación y en los casos en que aún no lo han decidido, y si su decisión es no abandonar esa opción de vida, el objetivo es mejorar sus condiciones, así como mitigar el daño causado por la vida en la calle.

 

Finalmente, el tercer eje agrupa todas las acciones tendientes a fortalecer la capacidad de gestión y coordinación de las entidades gubernamentales para la prevención de la vida en calle y la atención integral a esta población.

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