El Gobierno sancionó este miércoles, en la Casa de Nariño, la ley que beneficia en materia de servicios públicos a las comunidades que habiten en zonas de extracción y explotación minero-energética. El objeto de la nueva norma es priorizar las inversiones para la prestación de servicios públicos domiciliarios en beneficio de las comunidades, según el numeral 7, artículo 3, del Decreto 714 del 2012 y las líneas estratégicas de los planes de gestión social contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 del 2015 de los contratos de exploración y producción (E&P) de hidrocarburos en etapa de producción y los contratos de concesión de gran minería en etapa de explotación. Aunque la ley entra en vigencia desde hoy, las disposiciones establecidas se aplicarán a los contratos de concesión de gran minería y a los contratos de exploración y producción (E&P) de hidrocarburos a partir del año 2021.  Igualmente, da un plazo de seis meses al Gobierno para reglamentar técnicamente los criterios para la viabilidad de los proyectos.