La Corte Constitucional estableció que la enmienda al Organismo Internacional de Energía fortalece su funcionamiento y se ajusta a la Carta Política de 1991. A juicio del alto tribunal, el mejoramiento de los niveles de cooperación y de organización presupuestal que suponen esta modificación reflejan el cumplimiento de los artículos 9º, 80 y 226 de la Constitución Política, que regulan los deberes del Estado en materia de relaciones internacionales. La Procuraduría había acogido la misma tesis (M. P. Nilson Pinilla).