Si no existe prueba de la buena fe cualificada, que exige al comprador esforzarse por obtener certeza de la legitimidad del derecho de propiedad del vendedor, no es posible acreditar la buena fe exenta de culpa con la cual el artículo 39 de la Ley 1592 del 2012 defiende los derechos de los opositores al proceso de restitución, dijo la Corte Suprema. La Sala Penal indicó que las reglas mínimas de prudencia exigen a cualquier ciudadano que verifique la relación de quien oferta con el bien objeto de la transacción, mucho más si este se encuentra ubicado en zonas donde el conflicto armado ha dado lugar a numerosos episodios de desplazamiento forzado, como en la región de Urabá. Anotó que el artículo 74 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) abre la posibilidad para que negocios jurídicos también se conviertan en herramienta de despojo e indicó que el 77 presume viciado el consentimiento de ese tipo de transacciones cuando el derecho de posesión hubiese sido transferido a personas condenadas por su pertenencia a grupos armados, como el caso de Salvatore Mancuso. Ante la prueba sumaria del despojo, la carga de la prueba recae sobre demandados y opositores, añadió (artículo 78) (M. P. María del Rosario González).