En la actualidad no existe una obligación que sugiera que las empresas de servicios públicos domiciliarios deban migrar a un sistema de facturación electrónica, por lo que hacerlo o no es decisión de los prestadores y deberá ser acordada y aceptada previamente por los usuarios. En este caso, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos, el usuario debe consentir expresamente sobre la forma de facturación, se le deben garantizar los servicios de exhibición y conservación de la factura y se deben cumplir los requisitos previstos en el artículo 17 del Decreto 1001 de 1997.