Emiten directiva con acciones para prevenir y combatir la violencia sexual en entornos escolares

El Ministerio de Educación, por medio de la Directiva 01, de hoy 4 de marzo, emitió orientaciones que deben tener en cuenta las administraciones departamentales, distritales y municipales, así como los establecimientos educativos de carácter oficial y privado, para fortalecer las acciones pedagógicas en prevención de la violencia sexual y brindar atención a los casos que se presenten contra los menores de edad en el entorno escolar.

La disposición hace un llamado a la corresponsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa para que, a través de los comités de convivencia escolar y mediante la adopción de los manuales de convivencia, así como con medidas oportunas, integrales y efectivas, actúen en la prevención de la vulneración y en la protección, garantía y atención de los derechos de los menores en el entorno escolar.

Así mismo, recuerda la obligación de denunciar y activar los protocolos de atención que se han establecido de manera inmediata, así como la responsabilidad disciplinaria y penal que puede generar la omisión de denuncia o la no acción ante hechos de violencia sexual.

En este sentido, reitera la importancia de la construcción, diseño e implementación de los manuales de convivencia con la participación de los miembros de la comunidad educativa y su respectiva actualización anual, así como el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), como herramienta de identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, embarazo adolescente, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales.

Acciones pedagógicas

Adicionalmente, se pide la adopción de acciones pedagógicas para la prevención de violencia sexual en el entorno escolar, fortaleciendo los programas de educación sexual, de acuerdo con la edad y el contexto.

La norma es clara al señalar que los rectores (as) de los establecimientos educativos, como presidentes del comité de convivencia escolar, deben asumir el liderazgo en el manejo de cada situación y la activación del protocolo determinado, así como poner la denuncia ante las autoridades, si es el caso (Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia y paralelamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La omisión, incumplimiento o retraso en la implementación de esta ruta dará lugar a las investigaciones y sanciones de naturaleza disciplinaria y penal correspondientes, advierte.