La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló las resoluciones por medio de las cuales la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura nombró, en provisionalidad, a Martha Patricia Zea Ramos, María Rocío Cortés Vargas, Adolfo León Castillo Arbeláez y Rafael Alberto García Adarve como magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta misma corporación. La decisión del alto tribunal fue adoptada luego de evidenciar que los actos administrativos examinados se encuentran viciados de nulidad por infracción de las normas constitucionales en la que debían fundarse, ya que los artículos 126 y 209 constitucionales fueron desconocidos a lo largo del mentado procedimiento eleccionario. Efectivamente, los demandados participaron en la postulación y elección de sus propios nombres para proveer las vacantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, adelantada en sesión del 28 de enero del 2016. Si bien todos ellos manifestaron que su actuar fue adelantado con fines altruistas, en tanto obedeció a la intención de preservar la continuidad de la administración de justicia, la Sección Quinta advirtió que tal conducta los dejó inmersos en la prohibición conocida como “yo te elijo, tú me eliges” (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez).