Por fallas en el servicio, el Consejo de Estado declaró responsable y condenó al Ejército Nacional por las consecuencias que generó la explosión de una mina antipersonal a un ciudadano en el municipio de Matanza (Santander). La Sección Tercera afirmó que para establecer la imputación de responsabilidad al Estado se debe analizar el ámbito jurídico de la responsabilidad, contrastando la realidad fáctica y material del caso con los deberes normativos de la fuerza armada. Igualmente, aseveró que la Nación, acorde con la Constitución Política y los tratados internacionales que regulan el tema, debe efectuar las acciones preventivas y correctivas pertinentes para impedir un daño antijurídico, las cuales resultan inderogables e impostergables, como: señalar las áreas potenciales de minas, desminar esos  terrenos, desarrollar campañas de concientización e información a la población civil y demarcar las respectivas minas, por cuanto al no realizar estos procedimientos infringiría la posición de garante que posee, emanada del artículo 2º de la Carta Política y vulneraria los deberes de protección a la vida, integridad personal y libre circulación (C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa).