Ahora, se reconocerá de manera obligatoria como experiencia profesional las prácticas que se hayan realizado en el sector público o privado como opción para adquirir el correspondiente título. La norma, compuesta por ocho artículos, explica que el tiempo realizado por el estudiante como práctica laboral tendrá que ser certificado por la entidad beneficiaria y, en todo caso, sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Las entidades públicas deberán realizar anualmente, por lo menos, una convocatoria para que estudiantes puedan realizar sus prácticas laborales, la cual deberá ser divulgada a través de los diferentes medios de comunicación con los que cuente dicha entidad. Adicionalmente, indica que las entidades, en la medida que lo permita la disponibilidad presupuestal, podrán destinar un rubro de su presupuesto al reconocimiento de un subsidio de transporte y alimentación para los estudiantes que realicen su práctica profesional que no devengan ningún tipo de beneficio económico con la entidad correspondiente. Finalmente, la ley da un plazo de tres meses al Gobierno para reglamentar las disposiciones a fin de dar cumplimiento a las mismas.