Familias en Acción, de programa presidencial a política de Estado

El presidente Juan Manuel Santos sancionó este jueves la norma que eleva a rango legal el programa Familias en Acción (Ley 1532 del 2012), con el fin de asegurar su fortalecimiento.

El esquema estará bajo la dirección y coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y tendrá una nueva fase, que iniciará a finales de julio, para ampliar la cobertura a todo el país, según lo anunció Bruce Mac Master, director del DPS y cabeza del sector de la inclusión social.

Según la ley, anualmente, el Gobierno se encargará de asegurar los recursos para atender el pago de los subsidios a las familias beneficiarias.

Bajo esta política se favorecerán, entre otras, las familias en situación de desplazamiento, los indígenas y los afrodescendientes en situación de pobreza.

La ayuda consiste en un apoyo monetario para complementar el ingreso y mejorar la salud y la educación de los menores de 18 años pertenecientes a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad. Los pagos se harán cada dos meses.

Para evitar que se convierta en un instrumento de clientelismo electoral, la norma prohíbe las afiliaciones al programa durante los 90 días previos a las votaciones, excepto en el caso de familias desplazadas.

En toda su historia, Familias en Acción ha beneficiado a 2,6 millones de familias y cinco millones de menores, con subsidios de nutrición y educación.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social destaca que el programa permite la construcción de capital humano, la creación de vínculos con el sistema financiero, mejoras en la nutrición de los niños y disminución en la deserción escolar, entre otros aspectos.

(Ley 1532, jun. 7/12)