Ante la Corte Constitucional se radicó una demanda contra la ley aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972). En opinión del demandante, el artículo 23 del instrumento internacional ha sido mal interpretado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de que ninguna entidad, ni funcionario diferente al juez penal, puede sancionar con suspensión o destitución a los funcionarios de elección popular. En este sentido, además de la inexequibilidad, solicita que se exhorte al Gobierno para que inicie la revisión del Pacto de San José de Costa Rica. Vale la pena aclarar que la Corte inicia hasta ahora el proceso de reparto de esta acción (demandante: Ciro Alonso Galvis Muñoz).