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Gracias a tutela de la ANDJE quedó sin efecto millonario laudo arbitral

Un fallo arbitral condenaba al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles al pago de más de $ 65.000 millones.
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29 de Agosto de 2024

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El Consejo de Estado dejó sin efectos un laudo arbitral que condenaba al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles al pago de $ 65.231.668.442 a los exsocios de la Clínica Santiago de Cali. Esta decisión se fundamentó en una acción de tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la cual identificó varias irregularidades en el proceso arbitral.

El laudo, emitido por un tribunal de arbitramento, había ordenado al fondo mencionado pagar una millonaria suma a los exsocios de la clínica alegando una presunta responsabilidad contractual relacionada con un contrato de prestación de servicios de salud ejecutado en los años 2013 y 2014. Sin embargo, la agencia logró demostrar que el proceso arbitral vulneraba los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles. (Lea: Colombia gana otro pleito a compañía canadiense por minería en páramo de Santurbán)

“Al declararse infundado el recurso de anulación, la agencia acudió a la acción de tutela, aun sabiendo de la baja vocación de prosperidad respecto de los laudos arbitrales, pero con la total convicción de la flagrante violación a los derechos fundamentales en el caso”, señaló César Palomino, director general de la entidad

El Consejo de Estado determinó, en segunda instancia, que el tribunal de arbitramento no tenía la legitimidad para obligar al fondo a realizar el pago, especialmente considerando que la Clínica Santiago de Cali había sido disuelta y liquidada. Además, durante el proceso de liquidación de la clínica, quedaron acreencias pendientes por pagar, lo que hacía aún más injustificable la condena impuesta. (Lea: Estado ahorró $ 92 mil millones en caso relacionado con extracción ilícita de minerales)

La ANDJE celebró el fallo y aseguró que representa un hito significativo en la protección del patrimonio público y refuerza la importancia de una administración de justicia justa y equitativa. 

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