La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 637 del 2020, con el cual se declaró, por segunda vez, un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días. El alto tribunal encontró que la norma sub judice no desconoce ninguna de las demás prohibiciones constitucionales, en la medida en que no suspende los derechos humanos y las libertades fundamentales, no vulnera el principio de intangibilidad de ciertos derechos, no desmejora los derechos sociales de los trabajadores, no interrumpe el normal funcionamiento de las ramas y órganos del Estado, ni contraría los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, legalidad y no discriminación.