El Consejo de Estado declaró ajustado a derecho, mientras produjo efectos jurídicos, el Decreto 966 del 2010, expedido al amparo de la declaratoria de emergencia social y que reglamentó el procedimiento para reclamar indemnizaciones por las coberturas otorgadas a las víctimas de accidentes de tránsito ante el Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fonsat). Aunque la inexequibilidad del Decreto 4975 del 2009, que declaró la emergencia social, produjo el decaimiento de la norma, esta circunstancia no eximió al Consejo de Estado para decidir su legalidad, pues generó efectos jurídicos durante el tiempo que rigió. En su análisis, la Sala Plena señaló que las disposiciones se ajustaron a lo establecido en la regulación del Sistema Nacional de Salud (Ley 10 de 1990) y con la Ley 715 del 2001, entre otras (C. P. Susana Buitrago de Valencia).