La Comisión Nacional de Disciplina Judicial estudió una apelación interpuesta contra la decisión de archivo y terminación en favor de un abogado, ya que en la decisión en cuestión se evidenciaban actuaciones irregulares que afectaron la legalidad de lo actuado.

Como fundamento de lo anterior, la Comisión resalta que las decisiones emitidas por los funcionarios, en especial los judiciales, deben estar siempre revestidas de legalidad y, por ello, están sujetas al respeto por los derechos y garantías construccionales, entre ellas al debido proceso, para que de ese modo se mantenga la justicia como pilar fundamental de la sociedad.

Por ello, no es procedente proferir una decisión de terminación del procedimiento sin tener en cuenta los elementos mínimos que deben existir para apreciar una prueba en una investigación. En este caso en particular, el seccional utilizó unos documentos anexos a la queja, sin considerar los presupuestos de pertinencia, conducencia y utilidad, y con ellos profirió decisión sin realizar una debida incorporación de los mismos, pues estaban por fuera de una investigación abierta, desconociendo así el debido proceso, específicamente los artículos 104, 105 y 106 del Estatuto Disciplinario del Abogado, lo cual demuestra un quebrantamiento al procedimiento.

En este sentido, el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, en particular al ejercicio del ius puniendi del Estado. De ahí que el procedimiento establecido legalmente no puede ser desconocido por el funcionario judicial y el respeto por este debe ser inviolable (M. P. Alfonso Cajiao Cabrera).