El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, le pidió al Consejo de Estado suspender las actuaciones administrativas por medio de las cuales esa cartera reguló la práctica del derecho a morir dignamente en las entidades prestadoras de servicios de salud (Resolución 1216 del 2015), por considerar que sus resoluciones solo pueden desarrollar una ley o decretos presidenciales, pero no sentencias. En su criterio, la existencia de la providencia T-970 del 2014, por medio de la cual la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud establecer un protocolo que diera lugar a un procedimiento unificado para garantizar el derecho a morir dignamente no constituye una motivación legalmente válida para haber expedido este acto administrativo. Lo anterior, dice, porque no existe una norma que sustente esta actuación del Gobierno. Además, consideró que la eutanasia no tiene la connotación de servicio de salud, luego la entidad responsable del acto en cuestión, que solo puede actuar para regular dichas prestaciones, estaría actuando por fuera de los artículo 49 de la Constitución y 8º y 15 de la Ley Estatutaria de la Salud. En conclusión, dice, lo hecho por el Ministerio es reserva del legislador estatutario.