Con el fin de garantizar la libertad de cátedra, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley 1482 del 2011, que penalizan expresiones discriminatorias por motivos de orientación sexual, religiosa, política o ideológica. Según el ente de control, las normas demandadas permitirían incluso que ciertos grupos de personas lleven a la cárcel a quienes no compartan su opiniones. De esta manera, advirtió, se promueven restricciones a las libertades de pensamiento y opinión. Cabe aclarar que en el Concepto 5464 (D-9252), el Ministerio Público había solicitado declarar la constitucionalidad de la ley (M.P. Luis Guillermo Guerrero).