La Corte Constitucional se abstuvo de examinar de fondo la norma del Decreto-Ley Antitrámites que exige a las partes que lleguen a una conciliación extrajudicial a suscribir un documento público cuando acuerden transferir, gravar, limitar, afectar o desafectar derechos de propiedad o reales sobre bienes inmuebles. La Sala Plena se declaró inhibida para analizar la constitucionalidad del artículo 90 del Decreto-Ley 019 del 2012, por ineptitud de la demanda, pues la corporación interpreta que el actor le atribuye a la norma alcances que en realidad no tiene, al acusarla “de imponer al acta de conciliación el requisito de constituirse en escritura pública”. A juicio de la Sala, el cargo carece de certeza, como lo estableció en la sentencia C-634 del 2012 (M. P. María Victoria Calle).