La Corte Constitucional consideró que la demanda a la norma que permite ascender a policías que salgan avante en investigaciones dio cuenta de una interpretación errónea al endilgarle una omisión legislativa relativa, de ahí la decisión de esta alta corporación de declararse inhibida para examinar de fondo algunas expresiones del artículo 52 del Decreto-Ley 1791 del 2000. Para el alto tribunal, se produjo una concepción subjetiva por parte del accionante, cuando se refiere a un supuesto exceso de las facultades excepcionales entregadas al Ejecutivo por efecto de la Ley 578 del 2000. Sin embargo, los magistrados Mauricio González Cuervo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla se apartaron de la posición mayoritaria y salvaron el voto, al considerar que la demanda reunía todos los requisitos para ser examinada de fondo (M. P. Luis Guillermo Pérez).