Establecer un monto diferenciado del subsidio de vivienda que entrega la Caja de Vivienda Militar a los oficiales, suboficiales o policías y a los soldados profesionales no vulnera el derecho a la dignidad humana ni a la igualdad de trato en las prestaciones. Así lo señaló la Corte Constitucional al declarar exequible el artículo 24 del Decreto Ley 353 de 1994, que estableció dicha diferencia. Según el presidente del alto tribunal, Nilson Pinilla, la norma respalda la jerarquía existente dentro de los miembros de la fuerza pública. Los magistrados María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas salvaron su voto.