En el control de constitucionalidad automático y posterior del Decreto Ley 897 de mayo 29 del 2017, por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de dicha disposición, ya que se pudo constatar la existencia de un vínculo cierto, verificable y específico con la necesidad de implementación de los compromisos adquiridos en el numeral 3.2. del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en materia de reincorporación de las FARC a la vida civil, en lo económico, social y político. Al efecto, estima la Corte que el ajuste institucional efectuado a la agencia se encuentra justificado en vista de que las competencias legales con las que hasta ahora contaba dicha entidad estaban restringidas al desarrollo de programas y actividades con un enfoque general de reintegración para personas y grupos alzados en armas, mientras que el acuerdo de paz exige enfoque de reincorporación con mayor alcance, lo cual justifica la necesidad de reestructuración de la entidad (M.P. Carlos Bernal Pulido).