La Corte Constitucional explicó la declaratoria de exequibilidad del Decreto 1391 del 2016, el cual convocó para el pasado 2 de octubre al plebiscito que buscaba refrendar el acuerdo de paz negociado con las Farc. El alto tribunal advirtió a la Presidencia de la República y a los ministerios del Interior y de Cultura sobre la necesidad de mantener canales de comunicación permanente con los pueblos étnicamente diferenciados y las personas con discapacidad del país, con miras a asegurar su participación ciudadana en la etapa de implementación de los acuerdos celebrados entre el Gobierno y la guerrilla. El magistrado Antonio José Lizarazo salvó parcialmente el voto, en tanto la decisión no tuvo en cuenta que en materia de plebiscitos el control que le corresponde a la Corte, si bien es posterior, es automático, según se desprende del Artículo 241-3 de la Constitución de 1991 (M. P. Hernán Correa Cardozo).