La Contraloría General de la República no tiene competencia para pronunciarse sobre los conflictos que se generan en virtud de la ejecución de un contrato suscrito entre una entidad territorial y un particular, señaló la misma entidad en reciente concepto. Recordó que, según el artículo 1602 del Código Civil, el contrato legalmente celebrado es ley para las partes, pero las posibles soluciones deben estar plasmadas en el pliego de condiciones y la propuesta de los oferentes.